La opinión de…

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Jaime Cheng Peñalba  -

El Estado, según la ley, tiene la potestad de administrar y organizar los juegos de azar en la república. Tiene también el derecho de otorgar en concesión su explotación a empresas privadas, previa licitación. Así el Estado ha ofrecido concesiones a hoteles y compañías privadas para la administración de casinos, lo que ha resultado un negocio bastante jugoso.

La Lotería Nacional quizá sea la única institución, de gran escala, que aún mantiene un perfil de empresa pública. Hace décadas y como forma de paliar el desempleo imperante en Panamá se permitió la adquisición de libretas de chances y billetes a personas que necesitaban una fuente de ingreso.   Con esto se resolvió un problema momentáneo, pero se creó otro de gran consideración. Resulta que la cultura del pequeño propietario es ajena a cualquier servicio que contribuya al bien colectivo. La visión del pequeño propietario no se basa en el beneficio compartido.

Es decir, ganar y hacer ganar a los demás.   Muchos de ellos quieren convertirse en medianos y grandes propietarios, olvidándose de la naturaleza del servicio que prestan.   Prueba palpable de esto son los taxistas quienes brindan el servicio a quien les conviene y su interés, al igual que el del vendedor de chances y billetes, es sacar la mayor cantidad de ganancia a costa de un servicio público.

Una numerosa cantidad de vendedores de lotería, asumiendo esta mentalidad, practican las famosas ventas, casando los números bajos con altos, con one-two o con rifas, porque esto les reporta tangibles beneficios. La actitud arrogante y grosera de algunos de ellos generó una ola de protestas por parte de los compradores (no organizados), lo que tuvo eco en la institución que ordenó operativos de supervisión. En respuesta, los vendedores exigieron un aumento en el margen de ganancias, de lo contrario suspenderían las ventas.

La respuesta de la Dirección de la Lotería Nacional, lejos de resolver el conflicto, lo que ha hecho es evidenciar la falta de carácter de los directivos que por años han buscado la solución en el parche, no en la cura de la enfermedad. El aumento del margen de ganancias y el maquillaje en el cambio de nombre (promotores de ventas) no elimina el origen del conflicto: la venta de los chances y billetes casados o con otros aderezos. Me parece que ahora, con mayor razón, se incrementará esa mala práctica.

La solución debe ser estructural. Si las ventas reportan sustanciosas ganancias a la institución y estas redundan en algunas obras de beneficencia, entonces que sea el propio Estado el que reorganice la naturaleza de las ventas, asumiendo el papel de empleador, pagando salarios a sus vendedores sin poner límites a los compradores. Lo mismo podría pasar con los taxis y otras pequeñas empresas que responden más a los intereses egoístas de sus dueños que al beneficio colectivo. Se acabaría de raíz el problema, el ciudadano sería el gran ganador. No obstante, después de tantos años, ¿quién se pondrá de verdad el cinturón para enfrentar estos males con verdadero carácter?

<> Este artículo se publicó el 23  de septiembre de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos,   lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

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